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El pago de los pensionados del sistema público –ISSS e INPEP– le significará al Estado un desembolso de $370 millones este año. En los primeros tres meses de 2012 ya se pagaron $89.7 millones, mientras que en el mismo período del año anterior la cifra fue de $86.8 millones.

El Sistema Público de Pensiones (SPP) tiene 14,471 cotizantes (2,825 menos de los reportados en el primer trimestre de 2011) y 29,940 afiliados (47 menos que en 2011). Sin embargo, la cifra de pensionados del SAP llegó a los 100,315 a marzo de este año, contra los 100,226 en el mismo mes de 2011.

El faltante de caja que deja la diferencia abismal entre cotizantes y pensionados debe de ser asumida por el Estado, que ha creado el fideicomiso de obligaciones provisionales para poder hacer frente al pago de los jubilados. Este fideicomiso emite los Certificados de Inversión Previsional (CIP), que son adquiridos por las AFP con los fondos de los cotizantes del sistema privado a una tasa de interés que ronda el 1.45%. “Por eso a través del fideicomiso se necesitan fondos para financiar las pensiones del sistema de público”, afirmó Víctor Ramírez, titular de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

El pago de pensiones del sistema público abarca alrededor del 8% de la deuda pública.

Asimismo, Ramírez indicó que los cotizantes del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) incrementaron en 19,331, al comparar el primer trimestre de 2012 con 2011 y estos llegaron a 601,820. Así, el sistema refleja un total de 616,291 cotizantes, entre el público y el privado. “De alguna forma algunos sectores de la economía están produciendo algún nivel de empleo adicional pero no es suficiente”, afirmó el superintendente.

El SAP contabiliza entre enero y marzo de este año 43,110 pensionados, a quienes las AFP les han pagado $38.5 millones.

En cuanto al tema de la rentabilidad, Ramírez destacó que esta ha tenido un leve aumento en lo que va del año (ver gráfico). No obstante, esta permanece en números rojos, ya que el 3.25% que alcanzó en marzo fue absorbido por la inflación, que llegó a 4.4% ese mismo mes.

Así, por cada $100 que hay en su cuenta de pensión, estos tuvieron una rentabilidad real de 1.15%, es decir, $1.15.

“El tema de pensiones es eso: salvaguardarnos del riesgo”, dijo Ramírez al defender que pese a la baja rentabilidad, el dinero de los cotizantes salvadoreños está invertido en transacciones más seguras. Actualmente el 84.17% de las pensiones está invertido en instituciones públicas del Estado.

Sector bursátil

Por otra parte, el superintendente del Sistema Financiero detalló en un reporte del sector que los montos negociados en los mercados en el primer trimestre de 2012 ($252.15 millones) son menores a los negociados en el mismo período del año previo: $262.94 millones.

El mercado accionario, que de enero a marzo de 2011 reportaba $10.49 millones, no ha tenido actividad este año.

La negociación de valores públicos y privados también ha caído de $905.22 millones a marzo 2011 a $862.84 este año.

Las bajas más sensibles se han notado en el sector público. Las operaciones internacionales de compra del sector fueron $139.55 millones a marzo de 2011. Este año rondan los $29.69 millones.

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La banca está abriendo la válvula del crédito. A esa conclusión llegó Víctor Ramírez, superintendente del Sistema Financiero al informar que los créditos que dio la banca que opera en El Salvador incrementaron $338 millones en el primer trimestre de este año con respecto al mismo período de 2011.

La diferencia porcentual es de 4.03% y los créditos colocados totalizan $8,732 millones.

Ramírez destacó una peculiaridad: la banca destinó más créditos para empresas que para consumo. Así, comparando ambos trimestres, la cartera de créditos para consumo incrementó $146 millones, la de vivienda $7.30 millones y la de empresas $185 millones. “La tendencia ha cambiado en el primer trimestre y se ha dedicado más crédito para empresas que para consumo. Solo falta que reaccione el sector de la construcción”, observó.

Ramírez además señaló que los préstamos vencidos han bajado 5.99%, o $30 millones, al comparar enero-marzo de 2011 con el mismo plazo de 2012. La banca reporta $317.4 millones de créditos que no han recibido abonos en al menos 30 días.

En cuanto a los depósitos, estos crecieron en $4 millones a marzo (totalizan $9,518 millones) y se ha notado que los ahorrantes prefieren sus fondos a la vista. Mientras, los depósitos a plazo pasaron de $3,819 millones en 2011 a $3,604 millones en 2012, las cuentas corrientes tuvieron una tendencia diferente: $2,649 millones en 2011 contra $2,808 millones a marzo de este año. “Desde que comenzó la crisis, los ahorrantes han comenzado a cambiar su forma de guardar su dinero. Prefieren tenerlo a la mano por si hay iliquidez”, dijo Ramírez.

El sector de seguros ha pagado $56.5 millones a los asegurados que han presentado diferentes reclamos entre enero y marzo de este año. En el mismo período del ejercicio 2011 se cancelaron $47.7 millones, según un reporte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

Las primas netas pagadas, por su parte, incrementaron en $2 millones en el mismo plazo, al pasar de $112.11 millones en 2011 a $114.3 millones este año.

La relación de siniestros pagados con las primas netas pasó de 42.61% el año pasado a 49.56% en este ejercicio.

Por seguros de vida las aseguradoras han captado $24.93 millones en el primer trimestre de este año. Los rubros de previsionales, rentas y pensiones; accidentes y enfermedades, y automotores han tenido leves alzas y han captado $18.21 millones, $19.37 millones y $14.48 millones, respectivamente.

Los seguros por incendios han tenido una baja de $23.04 millones en 2011 a $18.17 millones este año.

Víctor Ramírez, titular de la SSF, calcula que en El Salvador menos del 10% de la población tiene un seguro. “Al sector asegurador aún le falta desarrollo en el país”, señaló.

Según Ramírez, la expansión de los seguros agrícolas, los seguros del sistema de transporte público e incluso los seguros privados pueden ser nichos que aún falta explotar.

Las empresas de seguros reportaron utilidades de 14.09% en el primer trimestre de 2012 y un 17.95% de rentabilidad patrimonial.

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Industrias La Constancia (ILC) reporta un aumento hasta del 35% en las ventas de las pequeñas y las micro empresas que distribuyen sus productos, como resultado de un programa de apoyo y capacitación que desarrolla con ellas.

ILC recientemente capacitó y graduó a un grupo de 309 pymes, como parte del Programa de Fortalecimiento de Micro y Pequeños Empresarios “Progresando Juntos”. Aldo Vallejo, vicepresidente de Asuntos Corporativos de ILC, explicó que con este plan se ha logrado ya un aumento entre el 5% y 35% en las ventas, con un promedio del 13.5%.

La capacitación incluye el manejo financiero de los negocios, separación de gastos del hogar y de la empresa misma, reinversión de ingresos obtenidos, técnicas de mercadeo, entre otros.

Vallejo dijo que fortalecer el emprendedurismo de las pymes es importante para el desarrollo económico del país. “Estamos convencidos de que esa laboriosidad de los salvadoreños es el real motor de la economía de El Salvador... Vamos de la mano para que juntos nos desarrollemos y generemos valor compartido”, apuntó.

Uno de los aspectos importantes que destacó Vallejo es que la gran mayoría de los graduados de este programa son mujeres, y algunas de ellas son madres solteras y cabezas de familia, quienes sostienen la economía de su hogar.

Otro de los aspectos desarrollados en la capacitación es inculcar el consumo responsable entre los clientes. Se insta a los distribuidores a no vender el producto a menores de edad y evitar entre los consumidores el consumo desmedido de bebidas alcohólicas.

Entre los proyectos de ILC está la ampliación de este tipo de programas a las zonas oriental y occidental del país, y apoyar a más micro y pequeños empresarios.

Esta es la segunda edición del proyecto, aseguró el ejecutivo, y se lleva a cabo con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDES), como parte de la política integral de responsabilidad social empresarial con que cuenta la empresa.

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Los cafetaleros hondureños se han convertido en referente para Centroamérica. Han triplicado su producción en tres años, han superado el problema de la bianualidad de los cafetos, y los pequeños productores han hecho de este rubro su fuente de subsistencia.

En la presente cosecha cafetalera (2011/2012) esperan producir alrededor de 6 millones de los 16.5 millones de quintales de café que producirá Centroamérica –desde Guatemala hasta Panamá– y desde la cosecha 2010/2011 Honduras superó a Guatemala como el mayor exportador de café de C.A.

Apenas hace 10 años, Honduras producía 2 millones de qq, mientras que El Salvador aún cosechaba fácilmente 2.3 millones de qq. La productividad de café hondureño se daba a una razón de 6-8 qq por manzana (mz), mientras que El Salvador cosechaba 10.3 qq/mz.

Una década después, la tendencia se ha revertido, y, mientras El Salvador espera 1.6 millones de qq (7.8 qq por mz), Honduras ha logrado cosechar 14 por mz y la apuesta es lograr una productividad de 25-30 qq por mz.

¿Cómo lo hicieron? Víctor Molina, gerente del instituto nacional del café IHCAFE, explica que esto se ha logrado tanto por el esfuerzo de las dirigencias cafetaleras como por el apoyo del Gobierno: “El Gobierno nos ha apoyado con la promulgación de leyes, normativas, financiamiento y la apertura de calles hacia las fincas”.

Hace 10 años se comenzó a dar asistencia técnica a 4,000 pequeños productores hondureños y ahora ya ese apoyo abarca a 20,000. La meta es beneficiar a 60,000 en el corto plazo. Con la apuesta no les va mal, el café ya es un rubro de exportación importante que el año pasado les dejó $1,240 millones en divisas. El Salvador recibió $464 millones por este rubro en 2011 y este año la cifra podría bajar a la mitad.

Ronald Peters, director ejecutivo del Instituto de Café de Costa Rica (ICAFE), secunda: “Honduras ha tenido políticas de producción que han tenido éxito y viene de la voluntad del productor y del Gobierno”.

En 2011, el Ejecutivo salvadoreño anunció que se invertirían de $4 millones a $5 millones al año en política de apoyo a la caficultura para incrementar la producción. Sin embargo, los productores señalan que no ven nada concreto “(El Gobierno) le ofreció cosas al sector agrícola y no ha cumplido, lejos de favorecer, ha obstaculizado el desarrollo del sector”, afirmó el caficultor y miembro de PROCAFE Mario Acosta Oertel.

Hace 20 años, El Salvador producía 4.3 millones de qq. Desde la cosecha 1993/1994 la cifra comenzó a decrecer, y la caída se agudizó a principios de la década pasada cuando el precio del café tuvo una fuerte caída en el mercado internacional.

Preocupa la roya

Caficultores de la región afiliados a PROMECAFE cierran este día una reunión para tratar, entre otros temas, el efecto del cambio climático en el café.

Una de las mayores preocupaciones es que la roya –la enfermedad más destructiva del grano– se está desplazando hacia las zonas de altura. En Guatemala y Panamá se ha notado esta plaga en zonas arriba de los 1,300 metros sobre el nivel del mar (msnm), cuando típicamente se mantenía abajo de los 1,000 msnm.

“Ha encontrado resistencia. Cada país debe de compartir sus investigaciones y duplicar esfuerzos”, dijo Peters.

La región busca además crear nuevas variedades de café que se ajusten a los embates del clima.

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La empresa Dizúcar fue acusada por la Superintendencia de Competencia (SC) de aprovechar su situación ventajosa en el mercado del azúcar blanca y limitar la participación de otras empresas.

Después de una investigación que duró cuatro años, la autónoma del Ejecutivo determinó que Dizúcar estaba incumpliendo con el artículo 30 de la Ley de Competencia.

“Se comprobó la existencia de prácticas anticompetitivas, que consisten en diferencias en los precios sin una explicación racional ni económica, de forma tal que favorece a clientes industriales y perjudica a los que llevan el producto directamente a la mesa del consumidor”, dijo Francisco Díaz, titular de la SC.

Según la información que reunió el equipo de la superintendencia, los distribuidores compran un mayor volumen, pero aun así reciben un precio más caro. Por ejemplo, si el cliente X –un distribuidor mayorista– compra 74,360 quintales al año, compra cada uno a $26.77. En cambio, el cliente Y –un distribuidor– compra 2,950.27 quintales en el año a un precio de $22.40 por unidad.

Marlene Tobar, intendente económico, dijo que en las cadenas industriales la lógica de economía es al revés: si se compra más, entonces hay espacio para dar un precio más bajo.

Por esta práctica, los consumidores pagaron $12 millones más en sobreprecio en un año, si se compara con una política de precios más económicos según el volumen vendido.

La otra restricción se enfoca en la cantidad que se vende. “Hay una restricción en la venta de azúcar blanca a granel a través del control del empaque y la distribución mayorista, lo que permite actuar como un verdadero regulador o controlador en el mercado de azúcar blanca”, agregó Díaz. Esta es la segunda acusación hecha por la SC.

La empresa está obligada a pagar $1.09 millones y a detener estas acciones consideradas anticompetitivas. También deberá enviar información sobre sus ventas durante tres años a la superintendencia. Dizúcar dijo ayer que apelará la decisión de la superintendencia, tanto la multa como la prohibición de continuar las prácticas.

Con la entrada en vigor de la Ley General de Prevención de Riesgos, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) lanzó de forma oficial, en las instalaciones de Industrias La Constancia, las inspecciones a empresas e instituciones públicas en busca del cumplimiento de normas de seguridad en áreas de trabajo y salud laboral.

Las inspecciones las realizarán un equipo de 220 supervisores y 75 técnicos del MINTRAB, quienes se encargarán de verificar las medidas de seguridad en las diferentes empresas. De encontrar malas prácticas de seguridad, el MINTRAB tendrá la facultad de imponer multas desde $896.84 hasta los $6,277.88, con la posibilidad de imponer múltiples sanciones en una sola visita. “Si una empresa tiene 10 faltas muy graves... son $62,778.80 (en multa). Nuestra misión ojalá no sea poner multas, sino generar conciencia”, explicó el ministro de Trabajo y Previsión Social, Humberto Centeno Najarro.

Entre los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se registra un gasto anual de $33 millones en atención a personas accidentadas en su lugar de trabajo por falta de medidas de prevención; ante esto, Centeno dijo que la ley busca disminuir esas cifras no solo en el gasto del ISSS, sino en personas accidentadas que quedan con alguna lesión permanente. Entre los puntos a inspeccionar están la limpieza de las áreas, la existencia de comités de seguridad, señalización de seguridad visible, promocionar indumentaria adecuada a los trabajadores según el área de trabajo, contar con equipos adecuados para prevención y combate de emergencias, entre otros.

Para el titular de Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la implementación de esta nueva normativa llevará a reducir el número de accidentes laborales que actualmente se dan por falta de medidas de prevención.

“Son 335 personas trabajadoras totalmente equipadas y capacitadas para cumplir con su misión. Ellos y ellas comenzarán a visitar los diferentes centros de trabajo a partir de este día (ayer) para verificar en estos centros si se está cumpliendo con las normas establecidas ahora por mandato de ley ”, afirmó Centeno. Los supervisores y técnicos que conforman el equipo ya dieron inicio con las inspecciones a empresas e instituciones acreditando a más de 3,000 comités de trabajos. Centeno agregó que es obligación formar comités de salud ocupacional y prevención de accidentes para aquellos centros de trabajo que posean más de 15 trabajadores.

Entre los objetivos del MINTRAB está cerrar 2012 con la creación de 5,700 comités en los diferentes centros de trabajo del país. “Creo que al paso que vamos, vamos a superar con creces la formación de más de 5,700 comités”, sostuvo Centeno.

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El Gobierno de El Salvador reportó que ha logrado un ahorro de $60 millones en el desembolso que hace para el subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Esto se logró con la focalización del subsidio al gas, que actualmente beneficia a 1.2 millones de personas, aseguró el ministro de Economía, Armando Flores.

El subsidio, que antes se entregaba de manera generalizada, habría costado $60 millones más si se hubiera mantenido este esquema, debido a los altos precios internacionales que el petróleo y sus derivados han experimentado en el último año, explicó Flores.

El ministro de Economía dijo además que 70,000 personas no cobran el subsidio. “Ese subsidio debe beneficiar sobre todo a la gente que más lo necesita y hay que reconocerle a estas 70,000 familias que dijeron no y que eso lo tenga otro ciudadano, primero”, destacó Flores.

Agregó que el Gobierno estudia nuevos mecanismos para hacer más eficiente el pago de subsidio, los cuales podrían generar ahorros adicionales, y reiteró que no se está contemplando una reducción a este programa como lo anunció recientemente el presidente de la República, Mauricio Funes.

“No vamos a recortar el subsidio al gas licuado. Ya se llevó a cabo hace más de un año un esfuerzo de focalizar el subsidio”, aseguró el mandatario salvadoreño a principios de este mes.

Una de las propuestas que estudia el Ejecutivo es entregar el subsidio a través de una tarjeta prepago. Por el momento, los beneficiarios cobran el subsidio en efectivo, al momento de pagar sus facturas de energía eléctrica.

Con la tarjeta prepago se lograría un ahorro adicional de $25 millones anuales.

La transferencia de la contribución especial –$0.50 por quintal de café oro clase que pagan los caficultores para la investigación– fue detenida por parte del Consejo Salvadoreño del Café (CSC) desde diciembre pasado, cuando se venció el contrato entre el consejo y PROCAFE.

El CSC, bajo el argumento de que PROCAFE no estaba cumpliendo con sus obligaciones de transferencia e investigación tecnológica, lanzó una licitación para requerir estos servicios. PROCAFE fue la única institución que participó, pero la licitación se declaró desierta. “El comité de evaluación determinó que los indicadores de la ley LACAP no se habían llenado”, afirmó Ana Elena Escalante, directora ejecutiva del CSC.

Antonio Arévalo, presidente de PROCAFE, señala que la institución cumplió con todos los requisitos y argumenta que se han notado irregularidades en el proceso: “Hemos pedido revisar la documentación, pero esa solicitud no ha sido respondida y esto puede traer repercusiones legales”.

Mario Acosta Oertel, miembro de PROCAFE, indicó que el reclamo podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia y que pedirían un decreto para que a los productores no se les cobre los $0.50, ya que los fondos no llegan a PROCAFE. Alrededor del 67% del presupuesto de PROCAFE depende de este fondo, que este año podría rondar los $800,000.